El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que afecta a cualquier persona con un contrato predoctoral, supuso una mejora sobresaliente en las condiciones laborales predoctorales, y además, igualó en una base de mínimos los contratos independientemente de que sus fondos proviniesen de administraciones públicas o privadas. En una publicación anterior, que podéis ver aquí, resumimos que fue el resultado de sendas negociaciones, en las cuales, desafortunadamente, quedaron ciertos logros en el tintero.
En esa misma publicación, incluimos una serie de reivindicaciones aún puestas en evidencia, no sólo por el colectivo predoctoral de nuestra universidad, socios o no de ADUEx, sino de otras universidades a nivel nacional, y entre ellas, un punto especialmente importante era la indemnización por finalización de contrato.
Aunque nuestros contratos estén bajo el amparo del Real Decreto 103/2019, por el que se regula el EPIF, el hecho de que se nos considere investigadores en formación bajo ese mismo decreto, no determina que nuestros contratos sean de prácticas o índole similar, sino al contrario, prestamos un servicio a nuestras universidades y centros de investigación (de hecho, así consta en nuestras hojas de servicio en nuestra universidad, «contrato por obras y servicios»).
El colectivo predoctoral ha estado, desde la aprobación del EPIF, en estrecho contacto, especialmente entre sus representaciones a través de asociaciones como la nuestra, de jóvenes investigadores y federaciones. Todo ello ha conllevado a una rápida comunicación de situaciones y a la implantación exitosa de las mejoras recogidas en el estatuto prácticamente a nivel nacional en un tiempo casi record. Esta comunicación ha traído consigo también noticias buenas, como la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que reconocía el derecho a indemnización por contrato para el personal predoctoral de la universidad compostelana (+ info), sin embargo, duró poco la alegría, tras conocer el recurso de esta universidad ante el Tribunal Supremo, el cuál anuló el dictamen (+ info).
Ello ha supuesto un revuelo, y una organización conjunta de nuevo por la adquisición de derechos laborales para equipararlos a los del resto de trabajadores. Por ello desde FPUInvestiga, y en conjunto con más de una veintena de organizaciones, nos hemos sumado tras someterlo a votación por parte de los asociados, al comunicado emitido que solicita al Gobierno el derecho a la indemnización por finalización de contrato.
Puedes leer el comunicado y seguir el proceso al momento aquí y más objetos de la campaña aquí.
Seguiremos informando de todo cuanto sea de interés. Si quieres estar al tanto al instante, puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram.
